José Ramón Soriano, magistrado del Tribunal Supremo, será el instructor que investigue al ex ministro de Fomento, José Blanco, por su presunta implicación en el ‘caso Campeón’. Su nombre no es desconocido para la opinión pública ya que saltó recientemente a la palestra por ser uno de los magistrados recusados por Baltasar Garzón en el asunto de las escuchas supuestamente ilegales del ‘caso Gürtel’.
Soriano, incluido en el sector conservador del Alto Tribunal, fue apartado del tribunal que va a juzgar a Garzón el próximo 17 de enero, debido a que su imparcialidad había sido cuestionada por haber participado en otras resoluciones referentes a la causa.
Cincuenta y seis años de edad y natural de Soneja (Castellón), este magistrado que llegó hace una década al máximo órgano judicial tendrá que dilucidar si hubo delito de cohecho y tráfico de influencias para sentarle en el banquillo.
El ‘caso Campeón’ está siendo investigado por la juez Estela San José quien, al tirar del hilo de varios empresarios a quienes se les hacía trato de favor para obtener adjudicaciones de contratos públicos, llegó hasta el dirigente socialista. Cuando su nombre apareció en la declaración del empresario Jorge Dorribo, la juez solicitó las conversaciones entre este último y el exministro.
Tras conocer su contenido, la propia Fiscalía pidió a la juez San José que remitiera la parte de Blanco al Tribunal Supremo, al ser éste el órgano competente por la condición de aforado del ex ministro y actual diputado. El Alto Tribunal ha estado esperando a que pasaran las elecciones generales y se hiciera efectivo el cambio de Gobierno para responder a la inhibición de la juez.
Y así ha sido. Con un nuevo Gobierno y Blanco apartado de la primera línea del Ejecutivo, el Supremo ha decidido admitir la inhibición y considerarse competente para estudiar el asunto.
El precedente de Aída Álvarez
Un caso que deberá resolver Soriano, quien ya condenó a seis meses de prisión a la ex coordinadora de finanzas del PSOE, Aída Álvarez, y a su esposo, Miguel Molledo, por falsedad en documento mercantil en el ‘caso AVE’, en el que se investigó una supuesta financiación irregular del PSOE en los años 80. Dictó una sentencia en la que, sin embargo, absolvió a los dirigentes de la empresa Siemens Francisco Francés y Mario Huete del delito continuado de falsedad en documento mercantil, por el que habían sido condenados a un año de cárcel y a una multa de 18.000 euros, pero que entendió ya había prescrito el delito.
Soriano, ex presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, también dejó sin cargos a los cuatro guardias civiles condenados por la Audiencia de San Sebastián por agredir durante la detención a dos de los autores del atentado de la T-4, quienes dejaron un coche bomba en el aeropuerto de Barajas que acabó con la vida de dos personas el 30 de diciembre de 2006, en plenas negociaciones del Gobierno con la banda.
Este doctor en Derecho y criminólogo deberá decidir si existen indicios para que la causa sigue adelante y citar a Blanco a declarar como imputado por los dos delitos que ya apunta la juez. El dirigente deberá explicar sus conversaciones tanto con Dorribo como con José Antonio Orozco, vicepresidente de la empresa de transportes Azkar.
Soriano tendrá que interrogarle por la versión de Dorribo, según la cual el entonces ministro le recibió en una gasolinera de Lugo previo pago del empresario farmacéutico a través del primo del ministro.
Soriano, incluido en el sector conservador del Alto Tribunal, fue apartado del tribunal que va a juzgar a Garzón el próximo 17 de enero, debido a que su imparcialidad había sido cuestionada por haber participado en otras resoluciones referentes a la causa.
Cincuenta y seis años de edad y natural de Soneja (Castellón), este magistrado que llegó hace una década al máximo órgano judicial tendrá que dilucidar si hubo delito de cohecho y tráfico de influencias para sentarle en el banquillo.
El ‘caso Campeón’ está siendo investigado por la juez Estela San José quien, al tirar del hilo de varios empresarios a quienes se les hacía trato de favor para obtener adjudicaciones de contratos públicos, llegó hasta el dirigente socialista. Cuando su nombre apareció en la declaración del empresario Jorge Dorribo, la juez solicitó las conversaciones entre este último y el exministro.
Tras conocer su contenido, la propia Fiscalía pidió a la juez San José que remitiera la parte de Blanco al Tribunal Supremo, al ser éste el órgano competente por la condición de aforado del ex ministro y actual diputado. El Alto Tribunal ha estado esperando a que pasaran las elecciones generales y se hiciera efectivo el cambio de Gobierno para responder a la inhibición de la juez.
Y así ha sido. Con un nuevo Gobierno y Blanco apartado de la primera línea del Ejecutivo, el Supremo ha decidido admitir la inhibición y considerarse competente para estudiar el asunto.
El precedente de Aída Álvarez
Un caso que deberá resolver Soriano, quien ya condenó a seis meses de prisión a la ex coordinadora de finanzas del PSOE, Aída Álvarez, y a su esposo, Miguel Molledo, por falsedad en documento mercantil en el ‘caso AVE’, en el que se investigó una supuesta financiación irregular del PSOE en los años 80. Dictó una sentencia en la que, sin embargo, absolvió a los dirigentes de la empresa Siemens Francisco Francés y Mario Huete del delito continuado de falsedad en documento mercantil, por el que habían sido condenados a un año de cárcel y a una multa de 18.000 euros, pero que entendió ya había prescrito el delito.
Soriano, ex presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, también dejó sin cargos a los cuatro guardias civiles condenados por la Audiencia de San Sebastián por agredir durante la detención a dos de los autores del atentado de la T-4, quienes dejaron un coche bomba en el aeropuerto de Barajas que acabó con la vida de dos personas el 30 de diciembre de 2006, en plenas negociaciones del Gobierno con la banda.
Este doctor en Derecho y criminólogo deberá decidir si existen indicios para que la causa sigue adelante y citar a Blanco a declarar como imputado por los dos delitos que ya apunta la juez. El dirigente deberá explicar sus conversaciones tanto con Dorribo como con José Antonio Orozco, vicepresidente de la empresa de transportes Azkar.
Soriano tendrá que interrogarle por la versión de Dorribo, según la cual el entonces ministro le recibió en una gasolinera de Lugo previo pago del empresario farmacéutico a través del primo del ministro.
Fuente: El Confidencial
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